El derecho no está para intimidar
En tiempos difíciles, cuando se tensan las relaciones laborales, es importante recordar algo fundamental para cualquier institución pública: el derecho existe para proteger derechos, no para restringirlos.
Y cuando eso se olvida, cuando se utiliza el lenguaje jurídico como herramienta de intimidación, no solo se afecta a una persona o a una organización sindical: se compromete la integridad misma de la institucionalidad. En los últimos meses hemos sido testigos de cómo una interpretación jurídica errónea o instrumentalizada puede escalar un conflicto que pudo haberse resuelto con diálogo.
Peor aún, puede dar lugar a situaciones que no solo afectan el ambiente interno, sino que se proyectan hacia el escenario nacional. El uso de la coerción jurídica —es decir, redactar resoluciones para imponer autoridad más que para resolver problemas— es una práctica tan antigua como peligrosa.
Y aquí conviene recordar algo esencial: los abogados no están para crear problemas, sino para resolverlos. Los problemas llegan a ellos. No deben salir de ellos. Un abogado institucional debe prevenir, advertir, orientar, nunca ser el origen de un conflicto. Cuando eso no ocurre, cuando la función jurídica se transforma en un instrumento de poder mal utilizado, la institución entera paga el costo.
Y lo mismo ocurre con las jefaturas: cuando una autoridad se atribuye potestades que el ordenamiento jurídico no le ha otorgado —por ejemplo, decidir cómo, cuándo o dónde se ejerce un derecho garantizado por ley—, se traspasa una frontera peligrosa: la del abuso de poder.
Las atribuciones no se inventan, no se suponen. Se ajustan a derecho. El Estado no está para improvisar reglas desde cargos. Está para garantizar derechos desde la ley. Aunque no lo digamos con nombres ni cargos, sabemos perfectamente cuándo el derecho se usa como instrumento de poder y no como marco de justicia.
Y como Asociación, no aceptaremos que el silencio, el miedo o el abuso técnico se transformen en la nueva norma. Queremos instituciones sanas. Con jefaturas que dialogan, no que vigilan. Con equipos jurídicos que asesoran, no que reprimen. Y con funcionarios que puedan ejercer sus derechos sin temor, como lo establece la ley, la Constitución y los tratados internacionales. El derecho no se escribió para intimidar a los trabajadores . Se escribió para protegerlos.
Asociación de Funcionarios del Consejo Nacional de Educación (AFUCNED)