En las instituciones del Estado, los equipos jurídicos tienen la misión de resguardar la legalidad, garantizar el debido proceso y contribuir al fortalecimiento de la confianza institucional. Sin embargo, en ocasiones ocurre lo contrario: se transforman en el motor que legitima decisiones arbitrarias y prácticas que afectan directamente los derechos de los trabajadores y sus organizaciones.
Uno de los mecanismos más frecuentes es el uso del lenguaje jurídico para dar apariencia de legalidad a actos que vulneran la autonomía sindical. Esto puede observarse en la elaboración de resoluciones que imponen requisitos desproporcionados al ejercicio gremial, en la apertura de procedimientos disciplinarios sin fundamento, o en la reinterpretación de normas para justificar sanciones contra dirigentes.
En lugar de ser garantes del principio de legalidad, algunos equipos jurídicos actúan como instrumentos de persecución interna, utilizando recursos administrativos con fines disuasivos. El problema no radica solo en la autoridad que toma la decisión, sino también en quienes la redactan, asesoran y defienden en nombre de la institución.
Las prácticas antisindicales no surgen de manera aislada: suelen estar articuladas jurídicamente para resistir los cuestionamientos externos, dificultar las defensas de los funcionarios y generar un efecto de intimidación colectiva. Por ello, la responsabilidad de los asesores jurídicos no es menor: construyen el andamiaje que puede permitir o frenar los abusos de poder.
Muchas veces, los equipos jurídicos parecen más anclados a dinámicas de poder de una o dos autoridades que comprometidos con el interés superior de la institución en su conjunto
En última instancia, el involucramiento de abogados en estas dinámicas resalta la necesidad de una regulación más estricta para evitar abusos, dado que hemos observado la persistencia de métodos que afectan negativamente el clima laboral y el ejercicio de derechos fundamentales de los trabajadores. Entre ellos destacan:
- Emisión de resoluciones carentes de fundamento jurídico, que restringen indebidamente la labor gremial y sindical.
- Amenazas de sanciones o procesos administrativos orientados más a intimidar que a resguardar la legalidad.
- Uso de expresiones despectivas u ofensivas, que deterioran la convivencia y vulneran la dignidad de los funcionarios.
- Interpretaciones forzadas de la normativa o incluso la invención de reglas inexistentes para justificar decisiones arbitrarias.
- Presión indebida en procedimientos internos, debilitando las garantías de debido proceso y defensa.
Estos métodos, además de generar desconfianza y tensiones innecesarias, son contrarios a los principios básicos de legalidad, probidad y respeto mutuo que deben regir en el servicio público.
La Asociación de Funcionarios (AFUCNED) reafirma que este tipo de prácticas no pueden ser normalizadas. Continuaremos ejerciendo las acciones que la ley nos otorga para resguardar los derechos de nuestros asociados y asegurar un entorno de trabajo basado en el respeto, la transparencia y la colaboración.
Asociación de Funcionarios del Consejo Nacional de Educación