La libertad de expresión y la autonomía sindical son pilares fundamentales de toda democracia robusta. En Chile, aunque se han logrado avances en su reconocimiento jurídico, en la práctica persisten dinámicas de poder que buscan limitar o condicionar su ejercicio, particularmente cuando surgen voces críticas desde el mundo sindical.
Hoy observamos cómo, en algunos espacios del Estado, las legítimas expresiones de preocupación gremial son percibidas como una amenaza. En lugar de ser abordadas con apertura y diálogo, se intenta amedrentar a quienes ejercen su derecho a informar y a opinar, usando como instrumento el peso de las redes de poder o el temor a eventuales acciones legales. Estas prácticas, sutiles o explícitas, no solo vulneran la libertad de expresión, sino que también atentan contra el principio de indemnidad sindical, protegido por nuestro ordenamiento jurídico.
De manera preocupante, hemos advertido una tendencia a banalizar instrumentos jurídicos que, por su naturaleza, deberían ser excepcionales. Procedimientos disciplinarios, como los sumarios administrativos, son presentados como simples “trámites sin consecuencias”, desconociendo su profunda carga simbólica y su potencial efecto represivo. Asimismo, las amenazas de querellas y acciones judiciales se ofrecen de manera indiscriminada, trivializando su gravedad jurídica y evidenciando una visión instrumental del derecho como mera prolongación del poder.
Estas amenazas no son actos aislados. Se insertan en un entrelazamiento de redes familiares, contactos políticos y círculos de influencia que actúan de manera informal dentro de la administración pública, reproduciendo lógicas de silenciamiento y control contrarias a los principios de probidad y transparencia que deben regir el Estado.
Este fenómeno se agrava en un contexto de posverdad, donde las percepciones emocionales y los intereses particulares prevalecen sobre los hechos objetivos. En este escenario, se distorsiona el sentido de las expresiones sindicales legítimas, presentándolas como ataques o amenazas, debilitando el debate democrático y fortaleciendo las estructuras de poder preexistentes.
El intento de controlar el relato, acallar la crítica o intimidar a quienes ejercen su derecho a expresarse constituye una manifestación moderna de las prácticas antisindicales. Una cultura institucional verdaderamente democrática exige que las normas se respeten como garantías y no sean vistas como obstáculos incómodos para el ejercicio del poder.
Desde la AFUCNED reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la libertad de expresión sindical y el derecho a disentir. La crítica informada, ejercida con responsabilidad, es un motor indispensable para la construcción de un Estado más justo, transparente y al servicio de la ciudadanía.
Seguiremos alzando nuestra voz en defensa de estos principios, conscientes de que los derechos fundamentales no se negocian ni se relativizan.
Asociación de Funcionarios del Consejo Nacional de Educación (AFUCNED)